Ya está aquí Solvencia II
(y en MAPFRE estamos preparados)

Informe / Diciembre 2015. Nº 90

La llegada de este 2016 trae consigo un cambio muy importante en la gestión de riesgos de las entidades aseguradoras: el comienzo de la aplicación de Solvencia II. En las próximas líneas vamos a tratar de explicarte en qué consiste esta nueva regulación, cómo afecta al sector asegurador y qué ha hecho MAPFRE para adaptarse a la nueva normativa.

SOLVENCIA II calcula todos los riesgos cuantificables a los que está expuesto el negocio de una aseguradora

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TEXTO JUAN FRANCÉS

Solvencia II es una Directiva comunitaria que codifica y armoniza la regulación prudencial del sector asegurador en los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Su objetivo principal es la protección de tomadores y beneficiarios, lo que se consigue a través de la mejora del sistema de gestión de riesgos de las entidades aseguradoras, así como su sistema de control interno.

Además Solvencia II cambia la forma en que las entidades aseguradoras calculan su posición de solvencia a efectos de supervisión, y aumenta su transparencia tanto frente a los supervisores como frente al público en general.

En otras palabras, lo que hace Solvencia II es calcular todos los riesgos cuantificables a los que está expuesto el negocio de una aseguradora, las pérdidas que todos esos riesgos pueden generar y la disponibilidad de fondos propios con que cuenta la compañía como garantía para enfrentar esas pérdidas si se producen.

En ese sentido, es un sistema dinámico, donde los requisitos de capital cambian en función del entorno, frente al sistema anterior, que era estático.

¿Cómo funciona?

Solvencia II está estructurada en tres pilares, que ponen el acento en I) requerimientos cuantitativos II) requerimientos cualitativos y III) disciplina de mercado y transparencia financiera.

Vamos a verlos por separado.

El Pilar I se centra en el cálculo de los requerimientos de capital y de los fondos propios para cubrirlos. Se basa en el principio general de que la entidad debe tener fondos propios suficientes y valorados conforme al mercado, para cubrir sus riesgos.

Ahora bien, Solvencia II va más allá e introduce una serie de ratios que las compañías deben cumplir a la hora de valorar esos fondos propios. Por un lado está el MCR (Capital Mínimo Obligatorio por sus siglas en inglés) que debe ser siempre superior al 100 por cien; por debajo de ese ratio directamente la aseguradora deberá cesar en su actividad.

Luego está el SCR, o Capital Requerido de Solvencia, que mide si una compañía dispone de fondos propios para cubrir sus requisitos de capital en función de sus riesgos. Un porcentaje por encima del 100 por cien nos está diciendo cuál es el monto de los fondos libres, o surplus. Este ratio es el epicentro de Solvencia II.

Una entidad con un ratio de fondos propios disponibles/SCR del 100 por cien es 100 por cien solvente. Por encima del 100 por cien, cuenta además con reservas añadidas. En caso de que en algún momento se produzca una insuficiencia, deberá remitir al supervisor un plan para solventar esa situación.

Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta a la hora de calcular los fondos propios, es que no todos son iguales, unos tienen más calidad que otros.

Solvencia II distingue tres niveles de calidad, que califica con la palabra inglesa Tier (nivel) 1,2 y 3. El Tier 1 es el capital de la máxima calidad.

Para calcular el SCR, por ejemplo, Solvencia II especifica que al menos el 50 por cien de los fondos deben ser Tier 1,mientras que los fondos Tier 3 no podrán superar el 15 por cien.

La autoevaluación, mediante el ORSA

El Pilar II, por su parte, afecta a la supervisión, es decir, regula, por un lado, las labores del supervisor de seguros, los mecanismos con que contará para hacer su trabajo, y por otro, respecto de las aseguradoras, establece igualmente una serie de herramientas y políticas de medición y gestión de sus riesgos.

Aquí introduce un modelo denominado ORSA (Evaluación Interna de los Riesgos y la Solvencia, en inglés) que deben llevar a cabo todas las compañías.

El ORSA es el núcleo fundamental del nuevo sistema de evaluación de riesgos que introduce Solvencia II. El objetivo que persigue es que la propia compañía realice un proceso de auto evaluación de los riesgos que pueden poner en peligro la viabilidad de la entidad y el cumplimiento de sus obligaciones estratégicas, y los posibles planes de acción. Se provee de esta manera a la dirección de la compañía de una herramienta fuerte y sólida que asegura el entendimiento global de sus riesgos.

Apuesta por una mayor transparencia

Finalmente, el Pilar III se refiere a la disciplina de mercado y a la transparencia financiera de las entidades aseguradoras. La herramienta fundamental que deberán elaborar las aseguradoras en este ámbito es un Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia (SFCR, en inglés).

Se trata de un documento en el que el asegurador realiza una valoración pública de su situación de solvencia, de su sistema de gestión basado en riesgos y del resultado de todo ello.

Proporcionar al público una información amplia sobre la situación de solvencia de las compañías aseguradoras servirá para:

  • 1 Mejorar la transparencia del sector.
  • 2 Los asegurados dispondrán de una información estandarizada y comparable que les permitirá formar su propia opinión acerca de la solvencia de las aseguradoras.
  • 3 Los inversores incentivarán la adopción de prácticas prudentes de gestión de riesgos, premiando con costes de financiación más bajos a las empresas mejor gestionadas, lo que redundará en una mayor estabilidad y fiabilidad del sector asegurador.

Como vemos esta nueva arquitectura de regulación financiera del sector asegurador supone para las compañías (y para los organismos supervisores) un exigente esfuerzo de adaptación a la nueva normativa, pues conlleva nuevas cargas administrativas y costes de adaptación.

No obstante, los grandes grupos aseguradores españoles cuentan con los recursos necesarios tanto para cumplir las exigencias de provisiones (como se puso de manifiesto en los test de estrés realizados por EIOPA el año pasado, superado con buena nota por MAPFRE y el resto de compañías españolas) como para reforzar o mantener departamentos que desarrollen y mantengan los nuevos modelos de valoración del riesgo.

Vamos a profundizar un poco más en lo que está haciendo MAPFRE para cumplir con todas las nuevas exigencias que establece Solvencia II; para ello hablamos con:

Ramón Carrasco

Director de Riesgos y Organismos Internacionales en MAPFRE

¿Está lista MAPFRE para cumplir con Solvencia II?

Solvencia II no es una directiva que surja como consecuencia de la crisis sino que se ha comenzado a negociar hace 15 años. Desde entonces MAPFRE ha participado en todos los estudios de impacto desarrollados en España, lo que ha permitido ir comprendiendo el nuevo sistema e ir adoptando su sistema de gobierno, de manera progresiva, a las exigencias del nuevo régimen.

Para aplicar un sistema tan complejo a lo largo de todas las entidades del Grupo MAPFRE han sido necesarias muchas horas de formación a todos los niveles, incluyendo seminarios centrados en el cálculo de los nuevos requerimientos de capital.

De esta manera, MAPFRE está lista para comenzar a aplicar Solvencia II.

¿Tendrá algún impacto en las cuentas de MAPFRE la introducción de estos nuevos criterios de contabilidad financiera?

No. Solvencia II no es una normativa contable, por lo que no tiene efectos ni en las cuentas anuales ni en materia fiscal. Como régimen prudencial tiene por objeto garantizar que la gestión es adecuada y que los fondos propios con que cuenta son suficientes en relación con los riesgos cubiertos. En este sentido sí que se han producido cambios en la forma de gestionar los riesgos y en establecer controles adecuados. No obstante, estos cambios se han ido implementando durante la fase de adaptación progresiva.

¿Cuenta MAPFRE con objetivos concretos en cuanto a ratios de capital, en especial el nuevo SCR?

Sí, tanto MAPFRE como grupo como las entidades aseguradoras que lo forman han aprobado su apetito al riesgo, entendido como el marco global de actuación sobre riesgos que el grupo o las entidades están dispuestas a asumir. Este apetito de riesgo incluye los tipos de riesgo que se quieren asumir y los límites aplicables a los mismos de cara a para poder llevar a cabo el plan estratégico sin desviaciones relevantes, incluso ante situaciones adversas.

Uno de los elementos que abarca este apetito es la capacidad financiera medida tanto con la metodología de cálculo de Solvencia II como con metodologías de valoración propias.

Así MAPFRE ha optado por la fórmula estándar para medir su ratio de capital bajo Solvencia II. Este ratio, con cifras de cierre de 2014 supera el 160 por cien del SCR, un nivel sólido, en el que nos sentimos cómodos.

¿Qué medidas ha adoptado MAPFRE para implantar el ORSA en su funcionamiento interno?

El ORSA forma parte del Sistema de Gestión de Riesgos y engloba procesos y procedimientos destinados a identificar, medir, vigilar, gestionar y notificar los riesgos a corto y largo plazo. Este proceso abarca todas las áreas y niveles de la entidad, con la máxima responsabilidad tanto en relación con el proceso del ORSA como respecto a sus conclusiones por parte de los consejos de administración.

Al ser un proceso tan amplio, es la herramienta perfecta para divulgar la cultura de riesgos a lo largo de todo el grupo.

Durante los últimos años se ha trabajado primero en el diseño del proceso para capturar la perspectiva de todas las áreas que asumen o gestionan riesgos. Posteriormente se han diseñado herramientas adecuadas para la proyección de los requerimientos de capital y fondos propios disponibles. Este proceso permite analizar la fortaleza de los planes estratégicos para dar cumplimiento a los requerimientos de capital, incluso ante situaciones estresadas.

¿Cuándo está previsto que las aseguradoras españolas publiquen información sobre estos nuevos requisitos de solvencia?

Conforme a la Directiva el plazo para publicar el primer informe sobre la situación financiera y de solvencia es de 20 semanas desde el cierre del ejercicio, es decir, el 19 de mayo de 2017. Estos plazos se amplían en seis semanas respecto al informe del grupo.